“Traslados por protección” a manifestantes habrían sido detenciones arbitrarias, según informe de la CIDH

Reconoció, de acuerdo con visita de trabajo a Colombia, que hubo un uso excesivo de la fuerza.

En 48 páginas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realizó una visita de trabajo a Colombia en los primeros días de junio, evidenció que el ejercicio de la protesta tiene fundamentos en aspectos como la pobreza, la pobreza extrema y el acceso a derechos económicos, sociales y culturales, en particular, educación, trabajo y salud. Igualmente, los altos niveles de violencia e impunidad, así como la discriminación étnico-racial y de género.

En el informe de Observaciones y recomendaciones: visita de trabajo a Colombia abordó todos los aspectos que han sido motivo de debate y conocimiento público, como el uso excesivo de la fuerza, las mutilaciones de ojos, desapariciones forzadas, el uso de redes sociales, las vinculaciones de miembros de la fuerza pública a procesos penales y disciplinarios, los homicidios, entre otros. Llama la atención la parte dedicada a los denominados Traslados por Protección, con los que la Policía ha justificado la detención de más de siete mil ciudadanos durante las protestas.

Dicha figura (Artículo 155 del Código de Policía) tiene por finalidad declarada proteger la vida e integridad de una persona o de terceros cuando esté en riesgo o peligro y sólo si el traslado es el único medio disponible para evitar dicho riesgo. Según lo informado por el Estado en su respuesta, el traslado por protección no constituye una sanción, debiéndose proveer a la persona trasladada de todas las garantı́as necesarias.

Sin embargo, la Comisión “conoció que la Corte Constitucional colombiana concluyó desde el 2017 en la Sentencia C-281/17 que la figura del artículo 155, tal como está regulado “no ofrece suficientes garantías previas ni posteriores de debido proceso”. En este sentido, condicionó su constitucionalidad a la observancia de ciertas garantías, lo cual fue confirmado por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia STC 7641-202068, citada en los antecedentes.

Demasiados traslados

Imagen de Ichigo121212 en Pixabay

Aunque se trata de una medida excepcional “llama la atención de la CIDH el alto número de traslados por protección reportados por el Estado. Adicionalmente, la Comisión recibió denuncias según las cuales no se conocerían los parámetros objetivos utilizados por la policía para realizar tales figuras policiales. En este sentido, se denunció que la detención se habría extendido, en algunos casos, más allá del plazo de 12 horas permitido y en lugares no habilitados. Además, se estaría utilizando, tanto para amedrentar a algunos manifestantes, como para eludir las exigencias de acreditar la flagrancia u orden judicial para la detención por la presunta comisión de actos delictivos”.

La CIDH también recibió denuncias sobre situaciones de violencia e, inclusive, tratos crueles, inhumanos y degradantes, “que podrían configurar tortura, y que habrían sido realizadas bajo la figura del traslado por protección”. En particular, las personas entrevistadas informaron a la CIDH que, en todo momento, fueron víctimas de golpes y maltratos durante los trasladados. En algunos casos, habrían recibido amenazas de ser desaparecidas por encontrarse participando en las protestas.

Pantallazo del resumen gráfico de la visita de trabajo realizada por la CIDH a Colombia

El problema, según el informe, es que el traslado es cada vez menos por protección y más como sanción “siendo aplicado en varios casos con fines de carácter punitivo, o como un medio para disuadir la protesta. Esto, en el análisis de la Comisión, es especialmente grave debido a que dicha figura, como fue concebida, carece de control judicial, traduciéndose en una restricción a la libertad que depende de la valoración del propio policía que la
realiza”.

Tras este análisis la CIDH instó al Estado a evitar privaciones de la libertad mediante el uso arbitrario del traslado por protección.

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