Analizan el ordenamiento territorial para defender la participación ciudadana frente a la minería

Proyectos extractivos, microcentrales y la masificación del aguacate, las nuevas realidades de Caldas.

Las comunidades de 10 municipios que viven la zozobra de lo que podría pasar frente a los proyectos de minería continúan activas y explorando las posibilidades de defender el territorio.

Tulia Helena Hernández Burbano, quien interpuso una acción de tutela por el derecho a la participación ciudadana frente a las pretensiones de la Agencia Nacional Minera (ANM), socializó un análisis que hizo sobre las normas de ordenamiento territorial, el Código Minero el derecho fundamental a un ambiente sano.

Al final concluyó que el código de minas es una norma que se salta la planificación territorial y que el legislativo aún debe reglamentar más para actualizarlo con los objetivos de desarrollo atendiendo a los clamores ciudadanos.

La exposición la realizó en el auditorio de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Resaltó la dinámica que se adoptó con las personas que lideran movimientos sociales en el Norte de Caldas y algunos del Oriente.

Cuestionan concertación con alcaldes

En desarrollo del conversatorio los asistentes cuestionaron que a algunas reuniones entre la ANM y alcaldes se les dé el carácter de concertación, precisamente porque los mandatarios locales no tienen la facultad de modificar los usos del suelo, sino que ese trámite se hace ante los Concejos Municipales y requiere de convocar a cabildos abiertos.

“La actividad minera tiene que ver con la planificación del territorio. Si bien los alcaldes y los concejos tienen la competencia para reglamentar los usos del suelo, se debe tener en cuenta que el suelo no se concibe sin la existencia del subsuelo, teniendo en cuenta que los mismos son una integridad dentro de los ecosistemas del territorio”, comentó Hernández Burbano.

Todo esto es lo que se decidirá con la acción de tutela, en la que se logró como medida cautelar la suspensión de las audiencias convocadas. Al respecto se sabe que la ANM, la parte accionada, ya respondió, pero será un juez el que decida si concede o niega el amparo de los derechos invocados: el ambiente sano, la participación ciudadana y el acceso a la información.

Se sabe que en los próximos días habrá nuevas manifestaciones en los municipios, convocatorias y encuentros de diferentes actores para solicitar que se tengan en cuenta a las comunidades en las decisiones.

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