Aunque Erwin Arias “pudo ser negligente, no actuó con dolo”

La sentencia de la Corte Suprema le mantiene la curul, pero cuestiona su falta de atención al firmar un contrato con alguien inhabilitado.

Cuando al representante caldense a la Cámara por el partido Cambio Radical, Erwin Arias (2018-2022), autorizó un contrato para suministros de insumos de cafetería y aseo, siendo alcalde de La Dorada (Caldas), pasó por alto que el ejecutor era alguien que estaba inhabilitado.

En el ámbito penal se trata del delito descrito como violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, el cual es atribuible a servidores públicos y tiene una pena de prisión mínima de 64 meses.

Arias fue mandatario del municipio caldense entre 2012 y 2015. El mismo año que asumió funciones firmó el contrato por $26 millones y desde ese momento un grupo de ciudadanos puso la lupa en el mismo, pues el proveedor era Oscar Jaime Rivera, un docente oficial de Puerto Salgar, municipio de Cundinamarca, separado de La Dorada solo por un puente sobre el río Magdalena.

Los denunciantes aseguraban que Arias sí conocía al contratista, pero en el proceso que inicialmente adelantó la Fiscalía desde el 2014 no se pudo probar tal circunstancia. Cuando resultó elegido a la Cámara el proceso pasó a conocimiento de la Corte Suprema.

El profesor sí reconoció, según los documentos allegados al contrato, que era de una escuela pública, pero también firmó otros en los que argumentaba que no tenía inhabilidades ni incompatibilidades.

De manera que la Sala de Instancia del máximo tribunal estudió los pormenores de la denuncia basada en lo que sí estaba probado. Lo primero es que el docente sí era oficial, lo segundo que era de un departamento y municipio distintos a donde se ejecutó el contrato y lo tercero sí era exigible para el alcalde responder por la conducta.

Esto fue lo que resumió la Corte: “Aunque pudo existir negligencia al momento de revisar la documentación que entregó el contratista, pues con ella se habría constatado que por su condición de profesor de una institución pública no podía participar en licitaciones ni en contratos estatales, la prueba no arrojó certeza de que Arias obrara con conciencia y voluntad de violar la ley”.

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