#Análisis | ¿El único contratista que no sufre en Colombia es Emilio Tapias?

Ser contratista del Estado en Colombia es como ganar un pasaje a Afganistán. Viacrucis mensual sufren no menos de 4.000 personas en alcaldía y gobernación cada mes. ¿El fallo del Consejo de Estado, que reglamentó la contratación ilimitada y sentó jurisprudencia al fijar un plazo mínimo de 30 días hábiles de desvinculación entre un contrato y otro para no generar continuidad, los va a favorecer o perjudicar?

AUDIO/Juan Carlos Reinales, representante a la Cámara Risaralda.

El calvario de ser contratista por prestación de servicios en las entidades públicas en Colombia es casi peor y por poco se iguala a la condición de desempleado.

Los requisitos pasan por todos los sabores y olores: Documentos que prueban que tiene estudios, está capacitado, no tiene deudas con la justicia, es hombre de bien, su mujer no lo ha demando por alimentos, es buen vecino, tiene cuenta  bancaria y no está en datacrédito, y además su propuesta es la mejor y el servicio se necesita.

Unido a ello, salud y pensión al día y además la famosa y más importante pregunta: ¿Usted de quién es?, que en otros términos significa qué alcalde, gobernador, concejal, diputado o congresista lo respaldan.

Cumplido todo esto, pasados los trámites por administrativa, tener un CDP (no significa Centro Democrático Popular, sino Certificado de Disponibilidad Presupuestal), el RP( no es la prueba de COVID-19, sino Registro Presupuestal), el de hacienda y no menos de 20 días, tal vez usted pueda iniciar el trabajo, después de comprar ropa, cortarse el cabello, estrenar zapatos y alistar su portátil para llevarlo a la entidad.

El primer sueldo lo recibirá 30 días después, eso sí, luego de acreditar otro mes de salud y pensión al día y pagar todos los descuentos de ley.

4.000 contratistas

Una cifra cercana a los 3.000 contratistas en Pereira y más de 1.000 por el lado de la gobernación de Risaralda sufren el viacrucis de ser contratistas.

La duda hoy es si el fallo del Consejo de Estado que reglamentó la contratación ilimitada y sentó jurisprudencia al fijar un plazo mínimo de 30 días hábiles de desvinculación entre un contrato y otro para no generar continuidad, los favorece o los perjudica.

El congresista Risaraldense, Juan Carlos Reinales, califica de absurda la situación que viven los contratistas y asegura que lo correcto es que si hay una necesidad de servicio constante se incorpore la persona a la entidad.

“No puede seguir sucediendo que una persona año tras año sea contratada por prestación de servicios cuando hace el mismo trabajo eficientemente”, dijo el representante a la Cámara.

El fallo del Consejo de Estado puede llevar a que las entidades públicas se den un festín ahorrando con la salida por 35 o 40 días de los contratistas, les obliguen a trabajar gratis, como es común y además sigan evadiendo la responsabilidad de crear los cargos para tener a mano la que parece ser una de las mejores frases en temporada de elecciones. “Estamos mirando la renovación de su contrato”.

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