Improcedente la tutela por procesos mineros en Caldas, según fallo de primera instancia

Los accionantes anuncian que se preparan para impugnar la decisión judicial.

El Juzgado Quinto de Familia de Manizales declaró la improcedencia de la acción de tutela que interpuso Tulia Elena Hernández Burbano y que fue coadyuvada por otros ciudadanos, en contra de los procesos de licenciamiento minero en 10 municipios de Caldas.

La acción buscaba que se protegieran varios derechos, entre ellos el acceso a la información y la participación ciudadana en los procesos que adelanta la Agencia Nacional de Minería (ANM) en Neira, Aranzazu, Salamina, Pácora, Riosucio, Supía, La Merced, Filadelfia, Samaná, Norcasia y La Dorada.

Foto cortesía Jhónatan Vásquez/Alcaldes de nueve municipios, personeros y funcionarios de Gobernación y de Corpocaldas se reunieron en días pasados para analizar la situación causada por la falta de socialización de los intereses mineros en los territorios.

De igual manera, el fallo implicó el levantamiento de la medida cautelar de suspensión de las audiencias públicas que programó la ANM en las mismas localidades y que se llevarían a cabo los días 21, 22, 23 y 24 de julio de 2021 en los municipios de Aranzazu, Salamina, Pácora, Riosucio, Supía, La Merced, Filadelfia, Samaná y Norcasia, Caldas.

La accionante principal ya había anunciado que cualquiera fuera la decisión habría una impugnación, la cual desde ayer se está estudiando. Para que surta efectos se debe presentar dentro de los tres días siguientes a la notificación, que empezaron a correr desde hoy.

El fallador explicó dentro de sus razones para adoptar la decisión que existen otro tipo de acciones, principalmente las grupales para defender los intereses que se consideren lesionados y teniendo en cuenta la naturaleza de la demanda.

Cabe recordar que en relación con la suspensión de las audiencias esta medida ya había sido adoptada por motivos de orden público, como lo había solicitado la Secretaría de Gobierno del Departamento, por lo que la decisión de reprogramarlas queda ahora en manos de las autoridades administrativas y no las judiciales.

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