¿A qué se enfrentan las empresas de cárnicos investigadas?

La Superintendencia de Industria y Comercio anunció formulación de pliego de cargos por competencia desleal. En Manizales, Chinchiná, Palestina, Neira y Aranzazu.

Seis empresas caldenses dedicadas a la comercialización de productos cárnicos de res y de cerdo, y 12 empleados, tendrán que responder ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por tres cargos, lo que significaría el pago de unas millonarias multas.

A Prosan (en liquidación), Surtipiel, Agrosan, Charry Trading, Fricocentro y Cercaldas las señalan de haber desarrollado supuestamente un sistema anticompetitivo en el mercado de producción, distribución y comercialización de subproductos derivados del sacrificio de bovinos y de porcinos en Manizales, Chinchiná, Palestina, Neira y Aranzazu, de acuerdo con el ente investigador.

Son tres conductas por las que los señalan: celebración de contratos y acuerdos verbales de abstención de concurrencia celebrados entre Prosan y sus competidores de Surtipiel, Charry Trading y Agrosan. Así se convino que el único que compraría los productos fuera la empresa en liquidación.

La segunda fue el abuso del control directo que ostentaba Prosan en Frigocentro, con lo que se restringió la entrada de posibles competidores en el mercado de la zona de influencia. La tercera fue la constitución de Cercaldas como medio para continuar con las conductas anticompetitivas de Prosan para mantener su posición.

Los señalamientos, en plata blanca

¿Pero en qué consiste la investigación? Carlos Javier Vinasco, abogado especialistas en derecho comercial, laboral y seguridad social, explicó que el artículo 333 de la Constitución habla sobre la libre competencia económica basada en el derecho que cada persona tiene para competir libremente y el Estado impedirá que se obstruya esta libertad y evitará que cualquier abuso que una empresa o persona hagan de su posición dominante en el mercado nacional.

El jurista sostiene que la abstención de concurrencia consiste en obtener la exclusividad o se conviene que solo una empresa o agente compre los subproductos y que ningún otro pueda comprarlos y como consecuencia negativa, otros competidores no pueden entrar.

Sobre la adquisición de productos en la zona de influencia, explica que se relaciona mucho con el primer punto, pero en este segundo se dice que no pudieron entrar más negocios y la SIC busca demostrar que estas empresas, basadas en su posición, establecieron un límite para evitar la llegada de otros.

En el tercer aspecto, Prosan habría constituido una empresa SAS para poder continuar con sus conductas anticompetitivas para la comercialización de los productos, es decir, una empresa fachada para restringir la llegada de la competencia y mantener la posición dominante.

Los investigados

Jorge Hernán Toro Mejía, Luis Felipe Toro Mejía, John Jairo Dávila Alvarado, Albino Giraldo Jiménez, Ana Graciela Giraldo Jiménez, Adolfo Charry Martínez, Diomer Alberto Valencia Giraldo, José Julián Betancur Montoya, Rubén Darío Montoya Ochoa, Francisco Álvaro Montoya Ochoa, Tatiana Botero Gutiérrez, Aurelio Calderón Marulanda.

Las multas

Cabe aclarar que solo se adelanta una investigación y esto no quiere decir que los señalados sean culpables. En caso de hallaros responsables, las empresas podrían pagar sanciones de hasta $90 mil 852 millones; y las personas naturales, hasta $1.817 millones.

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